La Cámara Nacional de Industrias expresa su “más profunda preocupación y alarma” por la “disposición arbitraria” incluida en el PGE.
Brújula Digital|02|12|24|
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) expresó su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, que permite la confiscación o decomiso de productos a empresas. La entidad solicitó al presidente Luis Arce que la elimine para evitar un clima de inseguridad jurídica.
En un comunicado, la CNI calificó la medida como una "disposición arbitraria" que autoriza a las entidades competentes a ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a las empresas de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.
Impactos negativos señalados por los industriales
La CNI advirtió que esta norma podría convertirse en un instrumento "discrecional, arbitrario, represivo y extorsivo".
Además, aseguró que la medida podría generar desabastecimiento, desincentivar la producción, reducir la inversión y el empleo, afectar las recaudaciones tributarias e incentivar el contrabando. “Cuando a nivel sudamericano los países crean condiciones adecuadas y propicias para impulsar la iniciativa privada, en Bolivia completamente se promueven normas que ahuyentan las inversiones nacionales y extranjeras”, agrega el comunicado.
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