El déficit no es deuda, pero es necesario

Uno de los pocos consensos sobre lo que se debe hacer para enfrentar la crisis de salud, es que el gobierno tiene que incurrir en todos los gastos que sean necesarios –así implique “aumentar el déficit fiscal”, para dotar a la sociedad de los bienes y servicios esenciales, incluyendo líneas de crédito para que todas las unidades económicas puedan sobrellevar las severas dificultades que la crisis ha generado.

Para conseguir los recursos, se propone recurrir a créditos de organismos multilaterales, a los créditos bilaterales, a las reservas internacionales y a la colocación de bonos soberanos en los mercados de capitales; todas las opciones, excepto la del uso de las reservas, implican asumir deudas denominadas en divisas, lo que eventualmente chocaría con el límite que impone la relación prudencial que las deudas no superen el 50% del PIB.

Para la Teoría Monetaria Moderna, este consenso se sustenta en conceptos equivocados.

Primero, el déficit no es deuda. Según los datos oficiales, desde el 2015 las cuentas nacionales muestran déficits del orden del 6% al 8% del PIB: ¿a quién le debe Bolivia ese 8% del PIB? La respuesta es: a nadie, en particular. El déficit fiscal es la diferencia entre los flujos de ingresos y egresos del sector gubernamental; puede estar relacionado al stock de la deuda pública, pero no es deuda. Por ejemplo, si Bolivia se presta mil millones de dólares para construir una “planta de chorizos”, el stock de la deuda sube en los mil millones; pero el déficit, si lo hubiera, podría bajar si los nuevos ingresos –generados por la venta de los chorizos, superan los egresos por servicio de la deuda.

Segundo, el gobierno crea el dinero cuando lo gasta, no cuando lo recibe. Por ello, la capacidad de un gobierno para gastar en su moneda soberana, es independiente de sus recaudaciones, sean originadas en obligaciones fiscales (impuestos) o por la emisión de bonos u otros tipos de instrumentos financieros. Es decir, contrariamente a la práctica de emitir bonos u otro tipo de instrumentos que pagan intereses “para financiar inversiones” a personas, naturales y jurídicas poseedoras de capital, el gobierno tiene disponible dinero a 0% de interés en el Banco Central, que emite la moneda.

Tercero, como el gobierno no tiene restricciones financieras para gastar en moneda nacional (capacidad “ilimitada de gasto”), puede comprar todo tipo de bienes y servicios producidos y disponibles en el mercado interno. En particular, si el gasto público deficitario se concentra en comprar B/S de rubros con multiplicadores altos y en aumentar la capacidad productiva para generar empleo e ingresos (capacidad de consumo), el déficit tenderá a desaparecer, tanto en términos absolutos por el aumento del flujo de ingresos, como porque el aumento de ingresos sube el PIB y el indicador del déficit –la relación déficit/PIB, se reduce por ambos factores.

Cuarto, más allá que los déficits pueden extinguirse, los hogares y las empresas del sector no gubernamental solo aumentan su capacidad de ahorro neto cuando el gubernamental incurre en déficit. En términos macroeconómicos, las identidades contables establecen, por definición, que si el sector externo está en equilibrio (exportaciones igual a importaciones), el ahorro neto del sector privado (ahorro menos inversión), es igual al déficit fiscal (gastos menos impuestos): lo que es gasto para uno, es ingreso para otro. Implica que el sector privado solo puede tener ahorro neto si el gubernamental incurre en déficit.

Podríamos mencionar diferencias adicionales en varios otros ámbitos. El objetivo de esta nota, es mostrar que existen alternativas plausibles a las (limitadas) opciones de política que ofrece el pensamiento económico neoliberal dominante, y que merecen ser cuando menos analizadas críticamente. Naturalmente, quedan muchos aspectos que no hemos tocado. Por ejemplo, las políticas sugeridas por la TMM solo son aplicables a Estados que emiten sus propias monedas, que tienen capacidad productiva subutilizada, no son dependientes de energía o de alimentos importados, y tienen tipo de cambio flexible (Bolivia cumple los cuatro primeros criterios); la capacidad “ilimitada” de gasto está, en la realidad, limitada por el eventual brote de presiones inflacionarias, pero especialmente por el acceso a, y la disponibilidad de, los recursos reales e idóneos: podría construir todos los hospitales necesarios, pero solo servirían su propósito si existe el personal médico y operativo, y los servicios complementarios.

Finalmente, la condición más exigente, es que requiere de un liderazgo político comprometido con una economía para la gente: la consecuencia social más directa de la TMM, es que abre el camino a economías sostenibles de pleno empleo. Para avanzar en esa dirección, administrar la capacidad de gasto que la TMM ofrece, requiere compromiso con visiones de desarrollo con objetivos compartidos a largo plazo, autonomías efectivas y complementarias, disciplina y alta eficiencia administrativa y, entre otros, transparencia e impermeabilidad a la corrupción.

Claramente, no se trata soplar y hacer botellas. Pero ofrece la oportunidad más realista para frenar y revertir las secuelas de la financiarización que, en los últimos 15 años, se ha aplicado en Bolivia junto a otras políticas alineadas con el neoliberalismo y que han dejado –como sus indeseables secuelas, la concentración de la riqueza, la desigualdad del ingreso, la precariedad del empleo, el endeudamiento para el consumismo, y la re-primarización de la economía.